Funcionarios de la administración Zelaya en conferencia de prensa

*** La denuncia del negocio irregular de armas y de medicinas serán
presentadas a la Fiscalia Contra la Corrupción del Ministerio Público

Tegucigalpa, Honduras. (16 octubre 2007) El Gobierno acusó al empresario Jorge Canahuati, propietario de dos periódicos de mantener una campaña de desprestigio, porque se le desmanteló la venta irregular de armas a la Policía y a las Fuerzas Armadas y de medicinas a la Secretaría de Salud.

Canahuati, dueño de los periódicos El Heraldo y La Prensa, que se editan en Tegucigalpa y San Pedro Sula, ha mantenido desde el inicio de la presente administración de Manuel Zelaya, una permanente actitud crítica hacia sus ejecutorias.

Ambos medios fueron denunciados en conferencia de prensa en Casa Presidencial, por el Ministro de Defensa, Arístides Mejia, de ejercer medidas de presión para imponer sus intereses en la venta irregular de un lote de cinco mil pistolas destinadas a la Policía Preventiva y a las Fuerzas Armadas y de medicamentos para el sistema de salud, hace ocho años.

La investigación se inició hace seis meses y ahora ambos medios instigan una campaña de ataques contínuos, sobre diferentes aspectos de interés nacional, contra la gestión y políticas de Estado de la administración del presidente Zelaya, desde el inicio de su labor gubernamental, declaró el ministro.

“Se trata de un acto que tuvo lugar hace aproximadamente seis u ocho años, donde se hizo una importación de armas, de las que dos mil 500 fueron a parar a la Policía y dos mil 500 a las Fuerzas Armadas. A raíz de la denuncia del Presidente Zelaya, constatamos que el hecho sí se produjo, que se utilizaron influencias para eso y se ha señalado la participación de La Prensa y a El Heraldo”, precisó.

Por primera vez se identificó con nombre a un empresario de los medios

De inmediato, agregó que documentos en su poder indican que “la persona a la que se ha hecho referencia es el empresario Jorge Canahuati, propietario de La Prensa y de El Heraldo".

"El Ejecutivo hará una investigación para verificar su hubo algún tipo de irregularidad en esta transacción, que no se hizo en cumplimiento de las leyes y de la Constitución de la Republica”, subrayó el ministro de Defensa.

Anunció que en las próximas horas, el caso y los documentos que lo sustentan serán presentados ante la Fiscalia Contra la Corrupción del Ministerio Público.

El presidente Zelaya –aseveró- fue invitado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a su 63 Asamblea, por las relaciones de respeto mutuo que mantiene con la prensa local y extranjera, a lo largo de sus 20 meses de gobierno.

Mejía refirió que en el pasado hubo compras de armas para los ministerios de Seguridad y de Defensa, que "desde nuestro punto de vista no es lícito, porque las leyes establecen que las importaciones son propiedad exclusiva del Ministerio de Defensa, y sin embargo, se hizo a través de empresas privadas”.

“En el discurso (en la 63 Asamblea de la SIP), el presidente denunció a un socio importante de los dos medios de comunicación escrita de mayor circulación del país por las actitudes que predominan en esos medios, por un problema comercial y la presión que ese grupo de poder ejercer para obtener beneficios del Estado”, cuestionó Mejia.

"Como funcionario, entendemos la relación de causa y efecto de ese conflicto que ha transcurrido por 20 meses y en la cual la constante es difamar y calumniar al Gobierno y al presidente Zelaya, por medio de sus columnas”.

Jorge Canahuati

Otras irregularidades han sido detectadas en la compra de medicinas. Esas presiones porque se otorgue el contrato, serían el motivo principal por el cual se ha orquestado esa campaña, de la que se han hecho otros medios que han confraternizado con esos medios escritos.

El ministro de Defensa llamó a la sociedad civil organizada a contribuir a regular los excesos de algunos grupos de poder, en este caso, los ligados a la comunicación con fuertes intereses en otros sectores económicos del país.

Sobre la acción judicial ante el Ministerio Público, el secretario de Gobernación, Edmundo Orellana, confirmó que incluye “abastecimiento de medicinas, para el sistema publico de salud, la venta de armas, telecomunicaciones, construcción de obras civiles, viviendas y propietarios de bancos.

“Aquí ahí una actividad que si constituye una violación a la Constitución de la Republica y a las leyes y es la venta de armamentos”, señaló Orellana, ex titular del Ministerio Público.

“Comprar armas para servicios de seguridad, por medio de particulares, constituye una infracción a la Constitución y a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Eso trasciende la mera legalidad, para convertirse en algo inconstitucional que enfrenta al acto institutivo del Estado”, precisó.

Sobre la venta irregular de medicinas al Estado, expresó que todos los entes privados, deben someterse a las reglas que establece la licitación pública o privada, que forma parte del marco jurídico nacional y de la normativa del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Republica Dominicana y Estados Unidos (RD-CAFTA).

Los propietarios de medios de comunicación que son accionistas en otras empresas y rubros, deben imponerse ellos límites éticos y morales, para que no debilitemos las columnas sobre las que se asienta la sociedad nacional, concluyó el ministro de Gobernación. hondudiario