La falta de voluntad o capacidad de diálogo produjo la crisis política que puso al descubierto y profundizó, en la sociedad hondureña, una división motivadora de desasosiego social y de problemas internos con resonancias internacionales que  todavía sufrimos como pueblo.

Entre otros aspectos importantes, ese fraccionamiento social evidenció la oposición entre dos tesis de sistema de vida y de gobierno: el del Estado democrático constitucional  de Derecho según la Carta Fundamental vigente y el de una incierta democracia popular a crear mediante una nueva Constitución.

Durante la crisis, se reveló que la oposición de tesis llevaba también  diferencias de enfoques en cuanto a la naturaleza de la solución: para unos, jurídica, y para otros, política.

Para los que consideran que la solución debía ser jurídica, el instrumento a aplicarse literalmente es la Constitución vigente. Los que invocan la solución política buscan arreglos sobre aspectos que están constitucionalmente prohibidos, incluyendo la derogación de la misma Constitución, o que desconocen a realidad de la falta de consenso nacional para pasar a un régimen de gobierno y de vida distinto al constitucionalmente establecido.

Esos enfoques se presentaron con ropaje ideológico excluyente, por lo que no hubo capacidad o  voluntad política para hacer prevalecer el bien común que pudo haberlos conciliado.

Se olvidó que, en democracia, el respeto de la diversidad de posiciones y el diálogo concertador (dando a cada una de las posiciones su correspondiente y legítimo valor) es fuente de ideas reflexionadas que vitalizan la pacífica convivencia social y el progreso social; y se ignoró que la Constitución de la República no es un simple instrumento jurídico de aplicación fría y automática, ni es tampoco mero instrumento político de aplicación incierta y sujeta a  las cambiantes opiniones de personas, grupos o sectores determinados.

En efecto, la Carta Magna es, a la vez, un instrumento jurídico - político que se guía por valores supremos entre los cuales, la dignidad  humana, la libertad, la igualdad, la seguridad de todos y el pluralismo político, son los que orientan prioritariamente la aplicación e interpretación de su articulado que hace posible encontrar soluciones políticas resguardadas por el respeto a la normatividad constitucional, poniendo de lado las posiciones ideológicas alienantes en nombre de la paz y de la evolución de la democracia sustentada en el Estado de Derecho.

La crisis política pudo prevenirse por la vía constitucional y es por esta vía que debe solucionarse definitivamente de manera oportuna y racional en observancia y aplicación de dichos principios y valores superiores que impregnan y orientan todo el orden constitucional de la República. Entre ellos, el pluralismo que proclama el preámbulo de la Carta Magna es principio fundamental de nuestra República democrática que debemos igualmente rescatar y cumplir, entendiendo que el orden político y social requiere de una sociedad libre y  tolerante en cuanto al derecho de unos a creer algo diferente a lo que otros creen.

Por eso la disidencia y la diversidad de opiniones no deben provocar enemistades y fraccionamientos sociales, y si ello ocurre, como es el caso  actual, el Estado debe actuar para promover la reconciliación y la unidad nacional, aplicando asimismo otros principios  normativos contenidos en la misma Constitución y que llaman “a asegurar y fortalecer el progreso  de Honduras basado en la estabilidad política y en la conciliación nacional”

Afortunadamente, desde el 30 de octubre  del 2009, por la vía del diálogo Guaymuras que condujo a la firma del Acuerdo Tegucigalpa/ San José, las partes hondureñas en el conflicto político interno reconocieron conjuntamente la obligación imperativa de solucionar las diferencias pacíficamente bajo el amparo de la Constitución y las  leyes de nuestra República,  respetando así la plena vigencia del Estado de Derecho.

Esa obligación,  ya jurídica y políticamente ineludible para todos los habitantes de Honduras, fue acentuada por la participación popular y los resultados contundentes de las elecciones libres y justas que definieron democráticamente la voluntad soberana de la mayoría del pueblo de preservar y fortalecer, en paz y libertad, nuestro sistema de vida y de gobierno dentro del Estado democrático constitucional de Derecho. Para que se cumpla con ese mandato soberano, se eligió al ciudadano don Porfirio Lobo Sosa como Presidente de la República, y a los integrantes del Congreso Nacional  y de las Corporaciones Municipales.

Ese mandato determina la necesidad de restaurar  democráticamente, por la vía constitucional, la armonía colectiva para construir solidariamente un país estable, seguro y justo, donde todas y todos tengamos la capacidad de vivir juntos en libertad y de participar plenamente y beneficiarnos del desarrollo nacional. Para ello, es  impostergable poner fin a los resentimientos y a la apología del odio nacional que incita a la discriminación, la hostilidad y la violencia entre hermanas y hermanos hondureños; y adoptarse, respetando el imperio de la Ley, medidas que contribuyan a la reconciliación, la tranquilidad social y la gobernabilidad para fortalecer nuestra democracia y el desarrollo humano integral.

Esta es una responsabilidad compartida del Gobierno y de la sociedad.

Al Gobierno le incumbe la gestión honesta, transparente y responsable de los asuntos y recursos públicos, y el ejercicio del poder con sujeción al estado de Derecho para fomentar e impulsar las condiciones del cambio genuino hacia la plena efectividad de nuestra democracia constitucional.